El BCE cree que el impuesto a la banca lo pagaría el cliente e insta al Gobierno a que haga «un análisis exhaustivo»
El BCE cree que el impuesto a la banca lo pagaría el cliente e insta al Gobierno a detenerlo hasta que haga «un análisis exhaustivo».
El Banco Central Europeo (BCE) cuestiona abiertamente el plan del Gobierno español de introducir un nuevo impuesto sobre la banca porque considera que puede ser contraproducente y terminaría pagándolo el cliente. El BCE ve inconsistencias en el plan gubernamental y hace advertencias hasta el punto de que insta al Gobierno a frenar la tramitación, propuesta por PSOE y Podemos, hasta analizar mejor los efectos perjudiciales. «El BCE recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos», asegura el dictamen.
«Esta recomendación es especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real. En este contexto, debe tenerse en cuenta que las entidades de crédito ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético», advierte en varapalo al plan fiscal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También pone muy en duda la promesa de Sánchez de que este impuesto no se repercutirá a los clientes de la banca. Por un lado, el BCE señala que su política es que los bancos reflejen todo aumento de costos en sus comisiones «de acuerdo con las buenas prácticas internacionales«; y, por otro, cuestiona que sea posible garantizar por ley que no se hará como ha asegurado el presidente del Gobierno: «Parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no».
También ha detectado un error de bulto en la proposición de ley de PSOE y Podemos: «Existe una discrepancia entre la redacción utilizada en la proposición de ley para establecer el criterio a la hora de determinar las entidades de crédito y financieras afectadas por el gravamen temporal, que hace referencia a «la suma de ingresos por intereses y comisiones, determinada de acuerdo con su normativa contable de aplicación», y la redacción para determinar la base a la que se aplica el gravamen temporal del 4,8 %».
El dictamen del BCE no es vinculante para el Gobierno, pero constituye un serio aviso difícil de ignorar por el impacto que tiene en los inversores. Su doctrina general hasta ahora es que este tipo de impuestos no deben imponerse para recaudar, sino, en todo caso, para cubrir el costo de una eventual quiebra de una entidad financiera. Su oposición se basa en que elevar la presión fiscal sobre la banca puede perjudicar la concesión de crédito y, por tanto, la recuperación económica.