Las pensiones y los sueldos públicos costará más de 20.000 millones.
La fuerte subida de las pensiones y el incremento de los sueldos públicos supondrán un costo de más de 20.000 millones de euros. Es la valoración que hace el Banco de España y que el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha declarado este lunes en el Congreso de los Diputados. Hernández de Cos ha explicado que cada punto de incremento supone un gasto adicional de 1.800 millones, de modo que la decisión del Gobierno de aplicar una subida lineal del 8,5% al conjunto de las pensiones supone un desembolso de 15.300 millones.
Los sueldos públicos, exigen un gasto adicional de 1.400 millones por cada punto de subida, según valora el propio Banco de España. El incremento dijo para el año que viene es de 2,5 puntos, dato que se puede ver incrementado en otro punto en función de diferentes variables. La suma total sería de 3,5 puntos, que suponen otros 4.900 millones, y sobre esa parte variables el BdE dice lo siguiente:
“Para 2023, la revalorización se establece en un 2,5%, que podría aumentar un 0,5% si la suma del IAPC de 2022 y del IAPC adelantado de septiembre de 2023 superase el 6%, lo que, según he comentado al referirme al entorno macroeconómico, parece altamente probable. Por otro lado, se aplicaría también un incremento adicional de los sueldos públicos del 0,5%, si el PIB nominal igualase o superase al estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a este proyecto de PGE”.
Con estos datos, se alcanza un total de 20.200 millones de gasto adicional que el Gobierno afronta en plena desaceleración económica, en un año electoral y con buena parte de los trabajadores privados inmersos en un pacto de rentas que el Ejecutivo se niega a aplicar a los pensionistas. Ante estas abultadas cifras y en el complejo contexto inflacionista, Hernández de Cos ha vuelto a mostrar su rechazo a que todas las prestaciones se suben un 8,5%.
“Hay una pérdida de bienestar sí o sí. Y lo único que podemos hacer es repartir el coste. Una posibilidad es repartirlo sólo en el sector privado, pero nosotros pensamos que es mucho más potente que también se incluya al sector público, incluyendo las pensiones“, ha explicado Hernández de Cos, que además ha propuesto un modelo alternativo: que las pensiones mínimas si se revaloricen con el IPC pero no la totalidad de prestaciones.